El diputado Pelegrín Castillo denunció ayer que existe un plan para condicionar la opinión pública internacional en busca sanciones contra el país.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en 1999 a la Corte de San José prohibirle al Estado dominicano ejercer medidas de control migratorio sobre cualquier ciudadano haitiano en su territorio, independientemente de que su estatus migratorio fuera legal o ilegal.
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista explicó que la CIDH fundamentó esa solicitud, hace 14 años, con el alegato de que el Estado dominicano no tenía capacidad de ejercer controles migratorios, fronterizos y de nacionalidad, respetando los estándares mínimos de derechos humanos.
Intimidación
Castillo precisó que la actual campaña contra República Dominicana, con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional número 168-13, lo que busca es intimidar al país.
Castillo precisó que la actual campaña contra República Dominicana, con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional número 168-13, lo que busca es intimidar al país.
Añadió que el alegato de que en la decisión se cometieron violaciones de lesa humanidad, fomentando apátridas, realizar expulsiones masivas, practicar limpiezas étnicas y estimulando la xenofobia y el racismo, va dirigida a preparar la opinión pública internacional para acciones de intimidación, sanción o intervención fundadas en la “legitimidad” de las decisiones del CIDH ante la Corte.
“En estos momentos, es muy importante que el pueblo dominicano conozca este dato histórico, este antecedente que se verificó en la primera audiencia del primer proceso, después de presentar un documental infame titulado ‘República Dominicana: el apartheid del Caribe’, para introducir un caso que como la mayoría de los que se han llevado a esa Corte sobre esta materia tienen la misma característica de farsa que el reciente caso de William Ferreras Medina o Winet Yean”, enfatizó.
El diputado presidió la Comisión de seis legisladores dominicanos que acompañó a la delegación oficial del Estado dominicano en 1999 ante la Corte que conocía el caso Yean y Bosico, contra República Dominicana.
Castillo advirtió que la experiencia del país en la CIDH siempre ha sido negativa.